Protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
Rv. El Gobierno (España) ha aprobado la remisión a las Cortes de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Se supone que esta ley es un paso decisivo para erradicar toda forma de violencia sobre los niños y las niñas.
La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia incluye medidas de prevención, educación, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, justicia, o sobre publicidad y redes sociales.
Las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención se ven reforzadas en esta norma.
Para que ningún niño, niña o adolescente quede desprotegido, se garantizan sus derechos de información, asesoramiento, apoyo y atención integral. Las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención se ven reforzadas en esta norma
También la formación especializada para profesionales que traten usualmente con menores, para jueces y fiscales y dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Habremos de ver cómo se traduce esta ley en la protección de las víctimas de acoso escolar, especialmente del alumnado con discapacidad, ya que se estima que el 80% de estos alumnos y alumnas sufren acoso y nadie hace nada por ayudarles alegando que sus agresores son menores e ininputables.
Protección de menores frente a la violencia.
Según informan desde el Gobierno en nota de prensa la Ley de Protección de la Infancia es un paso decisivo para abordar, desde un enfoque integral, la protección de las y los menores en nuestro país frente a cualquier tipo de violencia.
- Uno de los puntos centrales de esta ley es la extensión del tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores. El plazo de descripción se contará a partir de que la víctima cumpla los 30 años.
- Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia tendrán garantizados los derechos de información, asesoramiento, apoyo y atención integral, entre otros. Las víctimas de delitos violentos graves tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita.
- Toda persona que advierta cualquier violencia ejercida sobre menores de edad, estará obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente. Ese es un deber que se refuerza más aún para colectivos profesionales con contacto habitual con menores.
- Se garantizará una formación especializada para los profesionales que tengan contacto habitual con personas menores de edad en materia de derechos de la infancia y la adolescencia.
Esta ley recoge medidas de prevención, educación, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, publicidad, redes sociales, justicia, etc. Con ella, España avanza en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y cumple también con la Constitución y la Agenda 2030.
