Protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.

El Gobierno español ha dado un paso crucial al llevar adelante la remisión de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia a las Cortes. Refleja su compromiso en la erradicación de toda forma de violencia dirigida hacia los niños y niñas. Esta iniciativa legislativa abarca un amplio espectro de medidas que comprenden desde la prevención hasta la atención integral en diversas áreas como la educación, el apoyo familiar, los servicios sociales, la sanidad, la justicia, y la regulación de la publicidad y las redes sociales.

En particular, se destaca el fortalecimiento de las acciones de sensibilización, detección precoz y prevención contempladas en esta ley, que aseguran la protección de cada menor, garantizando sus derechos fundamentales de información, asesoramiento y atención. Este enfoque integral busca proporcionar un entorno seguro y protector para la infancia y la adolescencia, donde se promueva su bienestar y desarrollo integral.

La ley contempla también la implementación de programas de formación especializada destinados a profesionales que trabajan con menores. También la de jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia. Esta capacitación busca no solo intervenir de manera eficaz en casos de violencia, sino también prevenirla y crear conciencia sobre su gravedad y repercusiones en el desarrollo de los menores y en la sociedad en su conjunto.

En resumen, esta legislación marca un hito importante en el camino hacia una sociedad más segura y justa para los niños y niñas, reafirmando el compromiso del Estado español en la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia. Es un paso decisivo que refleja la voluntad política de enfrentar y prevenir la violencia infantil en todas sus formas. La sociedad se encamina hacia un futuro donde los derechos de los niños y niñas son prioridad, y donde cada uno pueda crecer en un entorno seguro y protegido, lejos de cualquier forma de violencia.

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Referencias

  • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Esta ley española establece medidas de protección jurídica del menor, incluyendo la prevención de situaciones de riesgo, la intervención administrativa y judicial en casos de desamparo, así como el régimen de acogimiento y adopción.
  • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor. Esta normativa establece las medidas que deben aplicarse en el ámbito penal a los menores de edad que cometan infracciones penales, garantizando sus derechos y promoviendo su reinserción social.
  • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.** Esta ley introduce modificaciones importantes en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia, reforzando las medidas de prevención, detección y atención a situaciones de violencia y desamparo.
  • Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN). Aunque no es una legislación nacional, esta convención internacional establece los derechos fundamentales de todos los niños y niñas, incluyendo el derecho a la protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o explotación.

Estas leyes y convenciones proporcionan un marco legal y normativo para la protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, tanto en España como a nivel internacional.

Originally posted 2020-06-10 06:00:00.

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