Niegan la entrada al colegio a un niño con autismo de 5 años.

Sabemos que un niño con necesidades educativas especiales puede escolarizarse en un centro ordinario y que la Administración ha de proporcionarle los ajustes, apoyos y personal necesario para su evolución y aprendizaje. No hay necesidad de ir a colegios segregados que son como guarderías donde “aparcar” a los niños sin que se empoderen, aprendan y crezcan como personas. La legislación y el sentido común refuerzan nuestra defensa del derecho de los niños a vivir en igualdad, con opciones iguales a los demás, integrados e incluidos. INSITIMOS: se atiende a su derecho.

Los políticos y gestores deberían entender conceptos tan sencillos. Su respuesta ante situaciones de segregación y discriminación de niños y adolescentes con discapacidad, especialmente los casos de autismo, es negligente, lenta, inútil y normalmente no ajustada a ley. Esto hace que muchísimas familias españolas emprendan batallas titánicas contra la administración, por ejemplo el caso de Gloria y la lucha desarrollada por su madre, Eva Reduello, o el caso de Aarón y su madre, Susana Martín o el caso del hijo de Esther Cuadrado con su hijo Arturo, que ha acabado judicializado y se ha convertido en la primera sentencia condenatoria contra la Administración Educativa por la denegación de ajustes necesarios a un niño con autismo.

Hace un par de días conocíamos el caso de un colegio de Silla (en la Comunidad Valenciana) que negaba la entrada a un niño de 5 años con autismo. El centro le impidió la entrada pese a que una jueza ordenó su readmisión después de que Educación le hubiera reubicado forzosamente en una escuela de educación especial en Sueca, a 30 kilómetros del domicilio familiar.

El niño apenas tiene cinco años, su escolarización no es obligatoria todavía pero sí es un derecho que tiene, al igual que cualquier otro menor de 3 o más años de edad en nuestro país. Sin embargo ha estado siete semanas en casa, sin poder acceder al colegio al que lleva asistiendo desde que cumplió tres años y sin que siquiera se le haya permitido despedirse de sus compañeros.

El centro decidió unilateralmente que el menor debía dejar de acudir a sus aulas y que se le trasladase a una escuela de educación especial muy lejos de su domicilio. La familia se negó y acudió a los tribunales. Una jueza ordenó el viernes la readmisión del niño de manera cautelar pero el colegio no le dejó entrar. Literalmente le dejaron en la calle.

Cristian tiene un trastorno del espectro autista, diagnóstico que conocía el centro escolar cuando fue escolarizado allí, junto a su hermana, de siete años. El Colegio Público Reyes Católicos de Silla ha sido solo un ejemplo más del problema al que se enfrentan los centros españoles por la carencia de profesionales de apoyo a los alumnos con diversidad funcional. De hecho, esa es la excusa más usada para segregar a los niños con autismo, la de que no disponen de medios, profesionales o espacios adecuados para la escolarización del menor.

 En este blog hemos comentado ya varios casos previos de batallas titánicas contra la administración, por ejemplo el caso de Gloria y la lucha desarrollada por su madre, Eva Reduello, o el caso de Aarón y su madre, Susana Martín y otros ejemplos que evidencian la insoportable necedad de la Administración. También insistimos en que se trata de derechos que tienen nuestros hijos, no de favores que nadie les hace, y que están recogidos en la legislación española, europea y en acuerdos internacionales suscritos por nuestro país: en la Convención Internacional sobre los derechos del las personas con autismo; en la Carta de Derechos de las personas con autismo; en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en nueva York en 2006, que es además el primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Ésta última señala un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. 

También está la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 2012 sobre «Atención de las necesidades socioeconómicas de las personas, las familias y las sociedades afectadas por los trastornos del espectro autístico, los trastornos del desarrollo y las discapacidades conexas», así como la resolución de la Organización Mundial de la salud (OMS), de 8 de abril de 2013, sobre «Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista» pero… A la Administración española le dan igual los derechos de las personas, las leyes, los convenios y la protección de personas con discapacidad. 

La madre de Cristian, el caso más reciente de los aquí mencionados, cuando la dirección del colegio determinó que no había suficientes apoyos para atender las necesidades del menor pidió apoyo a la Conselleria de Educación, que a su vez solicitó un informe psicopedagógico del menor, tras el cual decidió derivarle a un centro de educación especial a casi 30 kilómetros de su casa, en un centro educativo diferente al que había estado asistiendo hasta entonces y diferente al que asiste su hermana mayor. Así que cuando los padres prefirieron mantener a Cristian en un colegio ordinario para evitar la segregación de su hijo comenzaron los problemas.

La abogada de la familia, Sandra Casas, asegura a la prensa que este caso es el del pez que se muerde la cola. Y tiene razón porque, si no hay profesionales de apoyo suficientes en el centro escolar de referencia, al menor le derivan a un centro especial, sin embargo, los medios y la dotación de personal deberían estar creados previamente para que estos menores puedan asistir a centros ordinarios con los apoyos que necesiten.

Tres días después de conocerse la resolución de la dirección territorial los padres la recurrieron porque prefieren que su hijo se eduque en un centro inclusivo y porque consideran que cambiarle de colegio a mitad de curso supone un trastorno en su rutina que sin lugar a dudas afecta directamente a su desarrollo y condición.

La respuesta judicial llegó el 20 de abril (mientras, el centro había negado varias veces la entrada de Cristian). En el auto la jueza especifica que acuerda la «suspensión de la ejecución del acto recurrido y el mantenimiento del menor en su actual centro escolar, en los mismos términos en que se estaba desarrollando su escolarización en dicho centro […] hasta que recaiga sentencia firme». Con el auto judicial en la mano los padres regresaron al colegio con Cristian pero tampoco lo dejaron entrar. La dirección afirmó no tener dicho auto y no confió en el que les mostraron los padres, que acabaron por llamar a la Policia Local. 

Este no es, como decimos, el primer caso. Tenemos ya una primera sentencia en España en la que se reconoce la responsabilidad de la Administración por denegación sistemática de ajustes razonables, es decir, por no ofrecer al alumno con necesidades educativas especiales los apoyos que necesita para su educación inclusiva en el centro de referencia al que asiste (un colegio ordinario). La sentencia considera probado que existió negligencia por lo que tiene un indiscutible valor para todo el colectivo, en cuanto que es un primer paso en la creación de jurisprudencia en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración en relación con la atención educativa de una persona con un trastorno del espectro autista. Se trata de un precedente judicial que puede beneficiar a otros niños con autismo que se encuentren en una situación similar.

Por otro lado, el 18 de Abril de 2018 saltaba a los medios de comunicación el caso de tres cuidadoras imputadas por un posible caso de malos tratos a un menor en un centro de educación especial de Getafe. Eduardo estuvo solo tres meses en el centro público, en el que se matriculó para cursar 1º de Primaria, tras pasar por otros centros ordinarios.

Sus padres aseguran que es un niño alegre, que nunca había mostrado conductas violentas hasta que comenzó las clases en este centro. «Como todos los niños tenía rabietas, se angustiaba o se obsesionaba con algo, pero esa impulsividad y esa agresividad que vimos en él, la ansiedad que sufrió, la vimos a las semanas de comenzar las clases», cuenta Montse, la madre de Eduardo. Como notaron un cambio brusco en su conducta y que no quería ir al colegio sus padres decidieron colocarle un dispositivo de grabación oculto entre la ropa para conocer qué pasaba en el colegio. Llevó cuatro días la grabadora hasta que el centro la descubrió.

La familia escuchó las grabaciones y constató el trato que estaba recibiendo Eduardo por parte de su tutora, la profesora de apoyo, la auxiliar de enfermería y por parte del personal del comedor del centro. Se pusieron en manos de un abogado y la denuncia llegó al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Getafe en donde el juez llamó a declarar como investigadas a la tutora de Eduardo, a otra profesora de apoyo y a una auxiliar de enfermería del centro.

Las imputadas afirmaron que no ha habido ánimo de maltratar al menor y que en todo momento actuaron conforme al protocolo del centro educativo (ojo con este detalle). Inmediatamente salieron profesionales del centro y familias cuyos hijos estaban escolarizados en el mismo a defender el sistema educativo del lugar y al personal que en él trabaja y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro aseguró que la familia de este niño no les informó de los supuestos malos tratos por parte de trabajadores del colegio.

Sin embargo, unos días después ya eran cuatro las familias denunciantes y la instrucción del caso descubría que el centro no tiene protocolos a seguir con los niños con autismo. «El Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal no tiene un protocolo específico para atender a alumnos con autismo, según la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur de la Consejería de Educación, en un documento remitido al juez que investiga a tres trabajadoras de este centro por hostigamiento y maltrato a un alumno de 8 años.» (Cadena SER).
La pregunta es ¿cómo puede un centro de educación especial para niños y niñas con autismo no tener protocolos para atender justo a estos niños? En cualquier caso poco importa porque aunque colean las otras tres denuncias la Comunidad de Madrid, a través del Servicio de Inspección educativa, no ha hallado evidencia de un posible trato degradante, tras abrir un expediente por la denuncia de la familia, y ha concluido que «no se desprende un trato degradante hacia el menor ni ningún hecho que pueda ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria por el delito de acoso» según la Consejería de Educación en un comunicado.

¿Sorprendidos? No lo estén. La carga probatoria recae sobre los denunciantes y los denunciantes solo cuentan con las grabaciones que, a entender de Inspección Educativa, no son suficientemente vejatorias. Así van las cosas en nuestro país.

Raquel García es otra mamá de una niña con necesidades especiales, Irati, con autismo severo, a la que la Administración le aseguró que con una solucitud basta (por decreto) para abrir un aula estable en un colegio publico. Tras hacer la solicitud «los que mandan» querían enviar a la niña a una ikastola a 55 minutos en coche de su lugar de residencia. Raquel recordaba entonces que el BOPV habla bien claro tanto del tipo como del tiempo de transporte en casos de niños y niñas con necesidades educativas especiales y aclara que «se atenderá de manera diferenciada por el servicio competente en función de la especificidad de cada niño/a.» Pero a pesar de existir normativa al respecto dan por válidos 60 minutos de trayecto para TODOS los niños y niñas (incluso algunos sobrepasan ese tiempo en los viajes de ida y vuelta a sus colegios) tengan los niños necesidades especiales o no.

¿Donde está la palabra de los políticos que prometieron poner un Aula Estable en la zona de Irati si existiera una sola solicitud? Raquel García anunció el jueves 19 de Abril de 2018 el inicio de una huelga de hambre en Bilbao para exigir que el Gobierno Vasco cumpliese la promesa de crear dicha aula (especifica, con apoyos para niños con discapacidad intelectual o problemas en el desarrollo) en Las Encartaciones. El viernes 20 la madre recibió una llamada del Berritzegune de Ortuellaque (centro de apoyo a la formación e innovación educativa) que le comunicaba la apertura del aula, por lo que ha suspendido la huelga.

La familia de Irati realizó la solicitud del aula estable y sin embargo se les hizo caso omiso por lo que Raquel tenía previsto el 23 de abril comenzar una huelga de hambre indefinida en la puerta del Gobierno Vasco en Bilbao, al margen de las acciones legales a adoptar contra los responsables de esta segregación que perjudica seriamente a su hija y a otros niños y niñas en su misma situación.

Al final la huelga no se ha llevado a cabo porque «lo que era imposible hace 10 días según el director del Berritzegune de Ortuella (Bizkaia) hoy es viable. Me llamaron “in extremis” el viernes a las 13:30 para una reunión (…) Vieron que la huelga de hambre no era un órdago y claro, una madre en la puerta del Gobierno Vasco en huelga de hambre, exigiendo eso a lo que por ley tienen derecho nuestros hijos, no es buena imagen para la señora consejera Cristina Uriarte que no ha dado señales de vida en  este proceso. (…) Le he preguntado al director del Berritzegune por qué el 27 de octubre me mandó una carta diciendo que no hay número suficiente de niños para crear un Aula Estable en la zona y dice que no sabe contestarme a eso. (…)

Bueno, parece que mi pelea personal con educación llega a su fin. Seguiré ahí, claro que seguiré, no de manera tan mediática pero ayudando a que este año que me han hecho pasar no lo sufra nadie más. La solución individual que me han dado no me va a callar ante cualquier injusticia mas que vea o sufra. No lo olvidéis.» Raquel García.
Irati tendrá un Aula Estable para el curso 2018-2019 para ella sola pero el año que le han hecho pasar a ella y a su familia no tiene justificación ninguna. Su huelga de hambre (en grado de tentativa) ha funcionado. Ahora nos preguntamos si cada vez que el sistema educativo maltrata a nuestros hijos deberemos hacer huelga de hambre para que lo solucionen o pondrán soluciones antes de llegar a esos extremos.

En años y meses previos habíamos contado aquí otros ejemplos similares. Uno muy impactante fue el caso de Gloria, una niña de El Rincón, que durante más de un año que no tuvo colegio. Los padres de sus compañeros de clase hicieron una huelga, aprobada por la administración (¡ojo con esto también!), para que sus hijos no estuvieran en clase con Gloria, que tiene autismo. Estuvo sin escolarizar desde el incidente de la huelga porque la administración no le conseguía un colegio con el personal de apoyo que necesitaba. La familia solicitó escolarización domiciliaria (y hemos perdido la cuenta de las veces que se la denegaron) porque, entre otras cosas, la administración no le facilitaba una plaza escolar acorde a las necesidades de salud que le generaron a la niña con todo el proceso de segregación, discriminación y exclusión que sufrió.

Susana Martín, la madre de Aaron, explicaba su caso, en la misma línea que los anteriores solo que en esta ocasión se prefería precisamente la asistencia del menor a un centro especializado. Afirmaba que «aunque lo idóneo era que mi hijo fuera escolarizado en un centro específico de autismo resulta que en nuestra localidad no hay plazas de ese tipo y los centros de otras ciudades fueron descartados por competencias entre comunidades. Así que Aarón obtuvo una plaza en una residencia de ASPRONA (Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual) en la que iba a convivir con residentes adultos que sufren, algunos, discapacidad intelectual grave o muy grave, en la que la mayoría de personas son no verbales y en la que algunos ni siquiera se valen sin una silla de ruedas. No es un centro educativo sino una residencia, por lo que Aarón tendría que salir cada día a otro centro de la misma entidad (donde realizaría la transición a la vida adulta bajo supervisión) para recibir educación. Ese no es el lugar más adecuado para un niño así que protegiendo a mi hijo me negué a aceptarlo.»

Según Plena Inclusión, organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, «es necesario entender que una educación que no cuente con apoyos para el alumnado que los requiera no podrá ser una educación inclusiva y, por tanto, que las familias y el alumnado deben ser tenidos siempre en cuenta, asegurando su participación efectiva en todos los aspectos que les competan y sean necesarios, así como que el sistema educativo debe contar con los apoyos necesarios para garantizar este derecho, asegurando la accesibilidad, la participación y los resultados”. Esta es la teoría. En la práctica… Ya ven lo que ocurre en España.
Cada vez que nos enteramos de un caso nos intentan hacer creer que es único, una excepción, pero no es verdad. Como ven en los últimos días un niño de 5 años con autismo se ha quedado en la calle, pese a un mandato judicial, porque el colegio no le permitía entrar; una madre ha anunciado una huelga de hambre indefinida hasta que se conceda un aula específica (ya prometida por la Administración hacía tiempo) a su hija con autismo severo; tres profesionales de un colegio de educación especial (CEE) han sido imputadas por maltratar a un alumno con autismo…

Esto ocurre casi cada día en España. No, no son casos únicos, en realidad son «un caso más» en el que se vulneran los derechos humanos de menores, de personas con discapacidad, de niños y niñas con trastornos del espectro autista… Son muchos casos, muchísimos, por cuestiones diferentes pero siempre segregando, marginando y maltratando a menores y no son cosas que pasen ahora excepcionalmente: vienen pasando desde siempre, desde hace años. Así que hemos decidido hablar de todos esos casos y del incumplimiento de la Administración de las leyes y normativas nacionales, de los convenios nacionales e internacionales, de cualquier muestra de sentido común o de sensibilidad humana, porque en España los Derechos Humanos se ignoran cuando se trata de personas con trastornos del espectro autista y lo resuelven con un «no lo sabíamos» o con la promesa de solucionarlo pronto, que viene siendo falsa casi siempre (por no decir siempre). En MuNDo AsPeRGeR exigimos respuestas y soluciones.

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Fuentes:
– Sandra Urbina, Un colegio de Silla niega la entrada a un niño de 5 años con autismo, en Levante-EMV:
https://levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/04/27/colegio-silla-niega-entrada-nino/1709967.html
– La insoportable necedad de la Administración. Caso de Gloria. https://www.estherc43.sg-host.com/2016/04/la-insoportable-necedad-de-la.html
– #NiUnoMásSinCole. Caso de Susana y su hijo AAron.
https://www.estherc43.sg-host.com/2015/11/niunomassincole.html
https://diariodeleon.es/noticias/leon/madre-denuncia-educacion-no-escolarizar-hijo-autismo_1021194.html
https://diariodeleon.es/noticias/leon/junta-asegura-vuelta-cole-aaron-esta-vias-solucion_1021193.html
https://diariodeleon.es/noticias/leon/madre-aaron-ni-ha-llamado-fiscal-educacion_1021456.html

– Primera sentencia en España en la que se reconoce la responsabilidad de la Administración por la desatención de un alumno con autismo.
https://www.estherc43.sg-host.com/2017/10/primera-sentencia-en-espana-en-la-que.html
– Caso de Gloria en http://mamideglorichi.blogspot.com.es/search/label/estamosconvosotros
– Caso de Irati: La madre de la niña con autismo severo suspende su huelga de hambre al lograr un aula.
– Imputadas tres trabajadoras de un colegio de educación especial de Getafe por malos tratos a un niño con autismo: http://cadenaser.com/emisora/2018/04/17/radio_madrid/1523958905_111700.html
– Educación constata que el colegio de Getafe no cuenta con protocolos: https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/getafe-educacion-constata-que-el-ramon-y-cajal-no-tiene-protocolo-para-alumnos-con-autismo/