Educación inclusiva e inclusión social.

El Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU ha denunciado que nuestro sistema educativo no respeta los derechos de los niños y niñas y que son necesarias iniciativas legales para mejorar las escuelas ordinarias y avanzar hacia una educación inclusiva de calidad.
La propia agencia hace hincapié en que el concepto de educación inclusiva no es equivalente a escolarización en un centro ordinario.

Se requiere de la participación del alumno en todas las áreas y contextos para que realmente se pueda considerar educación inclusiva. El informe dice literalmente que las políticas que consideran la educación inclusiva como mera asignación en un centro escolar ordinario obstaculizan la participación del alumnado con discapacidad y, por lo tanto, no conducen a la inclusión social. Para que la educación inclusiva tenga impacto en la inclusión social es necesario garantizar, a través de las políticas y las prácticas, que el alumnado con discapacidad participe en igualdad de condiciones que el alumnado sin discapacidad en todos los aspectos del sistema escolar.

Las medidas educativas a adoptar para atender al alumno con necesidades educativas especiales están muy bien definidas y se especifican medidas concretas para la atención a la diversidad como las de carácter curricular; refuerzo educativo; programas de diversificación curricular; programas de cualificación profesional inicial (PCPI) y medidas de carácter organizativo. Puede consultarlo AQUÍ. 
El hecho de asistir a un centro especial se relaciona con bajas cualificaciones académicas y profesionales, empleo en talleres protegidos dependencia económica, menor número de oportunidades para llevar una vida independiente y escasas redes sociales tras la graduación. 

La segregación escolar minimiza las oportunidades de inclusión social. 
Para llegar a esta conclusión no hacía falta demasiada investigación, al menos para las familias en las que alguien tiene necesidades educativas especiales es algo que tenemos muy claro. Sin embargo han revisado alrededor de 200 estudios y artículos (2) publicados en los últimos años en Europa y países como Estados Unidos y Australia, en los que se aborda la cuestión de la inclusión social de las personas con diversidad funcional y la relación que este proceso de inclusión tiene con el tipo de educación que han recibido.
Pues bien, a partir de esta revisión se ha publicado un informe que concluye que las personas con discapacidad que reciben una educación inclusiva tienen más posibilidades de tener una vida más autónoma en los ámbitos social, laboral y familiar. 

Este informe se ha fijado especialmente en la relación con el mundo laboral y con la vida en comunidad concluyendo que una educación inclusiva aumenta las probabilidades de la persona de encontrar una salida en el mercado laboral tanto en la modalidad de empleo con apoyo, en un empleo abierto o incluso  en la actividad autónoma. La educación en un centro segregado conduce a un tipo de trabajo en un taller protegido, cosa en general contribuye más al aislamiento de la persona con (dis)capacidad que a su inclusión social. El impacto de la educación inclusiva sobre la capacidad de la persona de tener una vida independiente se debilita a medida que pasa el tiempo desde su graduación y, además, los jóvenes con diversidad funcional que van a centros segregados tienen menos probabilidades de crear amistades y redes sociales en su vida adulta. Así que, en lo referente a la vida independiente, las conclusiones a las que llega este estudio son más o menos iguales que en lo referente a la vida laboral.

Describen que una educación inclusiva aumenta las oportunidades de llevar una vida independiente, si bien influyen también las políticas de bienestar social y los apoyos que reciba (o no) la persona con. (dis)capacidad.

Con esta revisión bibliográfica se muestra el impacto que tiene la educación inclusiva en la inclusión social, lo cual podría ser de mucha utilidad para los responsables de formular políticas (la Administración y especialmente los políticos) a la hora de elaborar políticas basadas en datos empíricos relacionadas con la educación inclusiva. Se espera que esta revisión contribuya a la teoría de la educación inclusiva, proporcionando pruebas de que la relación entre la educación inclusiva y la inclusión social es muy importante para la calidad de la educación inclusiva que se ofrece, para las estructuras de transición y la política social (por ejemplo, las políticas de apoyo al empleo en favor de personas con discapacidad, las políticas de vida independiente o las políticas de accesibilidad en el entorno construido). 

Los responsables de formular políticas podrían considerar cómo rediseñar la prestación de servicios de especialistas que se ofrecen en muchos países para apoyar la enseñanza en centros de educación inclusivos.

Se ha de entender la educación inclusiva desde los paradigmas de calidad educativa, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal a lo largo de todo el ciclo vital, asegurando la educación permanente de las personas con discapacidad como fórmula de promover su autonomía personal, el libre desarrollo de su personalidad, ejerciendo siempre el derecho a tomar sus propias decisiones y eligiendo su modo de vida, y su inclusión social. Por eso se reclama a los poderes públicos que se garantice el principio de acceso normalizado del alumnado con discapacidad a los recursos educativos ordinarios,  proporcionando los apoyos necesarios. Se debe garantizar la identificación temprana de las necesidades educativas, así como la disposición de recursos humanos, didácticos y tecnológicos que permitan ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades existentes en cada caso.

Los principios de no discriminación, accesibilidad universal y diseño para todos deben incorporarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los de evaluación, en la aplicación de los materiales didácticos y las nuevas tecnologías, así como en los contenidos de formación y adquisición de competencias del profesorado. Por eso ha de promoverse en la formación inicial, como en la formación permanente del profesorado y los orientadores educativos, una adecuada cualificación y especialización acomode su intervención al alumnado con discapacidad.
Las conclusiones de la revisión sugieren que existe una relación entre la educación inclusiva y la inclusión social en los ámbitos de la educación, el empleo y la vida en comunidad. Al mismo tiempo, otros factores parecen promover u obstaculizar la inclusión social serían, por ejemplo, la calidad de la práctica inclusiva, la política social, las actitudes y las estructuras sociales, la trayectoria vital de cada persona, etc.