La ONU considera que los niños con discapacidad en España no tienen los mismos derechos.
Según la Fundación juan XXIII «el tema de la igualdad de derechos es un tópico en las discusiones sobre discapacidad y es que, a pesar de los esfuerzos sociales y de los distintos gobiernos el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha determinado que los niños con discapacidad en España están en desventaja y muy lejos de conseguir todos los derechos que les corresponden«. Los políticos y gestores deberían entender conceptos tan sencillos y dejar de mercadear con las necesidades de los pequeños. No son favores: son derechos.
La Carta de Derechos de las Personas con Autismo recoge derechos que deberían ser defendidos, protegidos y puestos en vigor por una legislación propia en cada país. Fue presentada en el 4º Congreso de Autismo-Europa, en La Haya, el 10 de Mayo de 1992 y adoptada bajo forma de Declaración por el Parlamento Europeo el 9 de Mayo de 1996. Recoge 19 derechos fundamentales de todas las personas con trastornos del espectro autista que, por tanto, nos pertenecen.
Falla el acceso a la educación en escuelas convencionales, la discriminación que sufren en determinados sectores, los problemas de accesibilidad, el apoyo a las familias, el aumento del acoso escolar y la falta de orientación para su posterior incorporación al mercado laboral. Además, para determinar mejor los recursos que necesitan los niños con capacidades diferentes, la ONU anima al Estado a recopilar información sobre los menores con (dis)capacidad, sus necesidades y las formas para mejorar su calidad de vida.
«Otro de los factores más criticados por la ONU es que en pleno 2018 todavía muchos niños no tengan acceso a la asistencia sanitaria que necesitan: programas de detección y atención temprana, asistencias para las familias con recursos económicos limitados, o incluso la orientación médica para las familias, que no saben enfrentarse a una noticia así y tienden a sobre proteger a sus hijos en vez de empujarlos a desarrollarse como persona y descubrir sus habilidades.» Fundación Juan XXIII.
El marco normativo de referencia para la protección jurídica de las personas con discapacidad parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Por este motivo, el texto dedica un capítulo a explicar este marco normativo, diferenciando entre los conceptos de trato desigual más desfavorable, discriminación o exclusión.
En la citada Convención se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los mismos.
El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas es tajante con nuestro país ya que consideran que tanto el gobierno central como las diferentes comunidades autónomas todavía no han conseguido suplir los déficits que sufren los niños con discapacidad y las carencias administrativas que rodean tanto al niño como a su familia. La educación inclusiva, eliminar los problemas de accesibilidad o aumentar las medidas de seguridad para frenar el acoso escolar son sólo 3 de las medidas urgentes que la ONU exige a España que cumpla cuanto antes.
