Atención pública a menores con TEA. Antonio Victoria.
El pasado domingo día 10 de abril el diario INFORMACIÓN de Alicante publicó una entrevista con la Presidenta de la asociación ASPALI sobre la atención pública a las niñas y los niños con síndrome de Asperger.
Cierto es que la nueva Administración autonómica parece tener sensibilidad especial hacia el tema de la discapacidad y que, a pesar de la intervención económica de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda, se hacen esfuerzos importantes por llegar a todas partes.
Sin embargo, la atención pública y las ayudas y subvenciones a entidades sin ánimo de lucro no son muy importantes. Desde Sanidad, Educación e Igualdad y Políticas Inclusivas parece que han dejado algo de lado a la neurodiversidad. Y somos los padres, y los propios afectados, los que no tenemos más remedio que hacer frente a las terapias y a la adquisición de habilidades sociales.E
Esta nota no quiere ser una crítica a la Administración autonómica, sino solamente un recordatorio de los instrumentos legislativos internacionales que amparan la solicitud de una atención pública o subvencionada al máximo a la atención de menores con Síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista (que es el nombre científico con el que ahora se conoce).
Además de la Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad, hay tres instrumentos internacionales que recogen expresamente los derechos de las personas con autismo y otros trastornos de su espectro: CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON AUTISMO (Adoptada por el Parlamento Europeo el 9 de Mayo de 1996), Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 2012 ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIOECONÓMICAS DE LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS Y LAS SOCIEDADES AFECTADAS POR LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTÍSTICO, los trastornos del desarrollo y las discapacidades conexas y la resolución de la OMS de 8 de abril de 2013 sobre MEDIDAS INTEGRALES Y COORDINADAS PARA GESTIONAR LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.
En estos textos se hace hincapié en exhortar a los Estados a promover la igualdad y la integración en la sociedad de las personas con trastornos del espectro autista fundamentalmente en tres campos: la educación (se pide a todos los Estados a que garanticen un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y la enseñanza a lo largo de toda la vida, y a que promuevan programas de formación profesional y desarrollo de aptitudes para las personas con autismo), la sanidad (la integración y coordinación de una labor holística de promoción, rehabilitación, atención y apoyo que apunte a satisfacer las necesidades de atención de salud tanto mental como física y favorezca el funcionamiento óptimo y la calidad de vida de las personas con trastornos autistas cualquiera que sea su edad en el seno de los servicios generales de salud y de atención social y en el conjunto de ellos, mediante planes de tratamiento inspirados por los usuarios de los servicios y, cuando proceda, con la participación activa de familiares y cuidadores) y el empleo (las personas con autismo tienen derecho a una formación que responda a sus deseos y a un empleo adecuado, sin discriminación ni prejuicios. La formación y el empleo deberían tomar en cuenta las capacidades y los intereses del individuo).
En cualquier caso, lo que todavía resulta de mayor interés es que se exhorta a los Estados a que brinden a las personas con trastornos del espectro autístico LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR HABILIDADES PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO SOCIAL, a fin de propiciarnos su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad; es decir, que desde las Administraciones Públicas se debe potenciar el aprendizaje y desarrollo de las habilidades que estos niños y niñas necesitan para que, conforme a la dignidad de todas las personas, puedan llegar a participar de forma plena en la sociedad neurotíptica y colaborar para hacerla una sociedad más permeable y sensible a la diversidad que ofrecen las personas con trastornos del espectro autista.
Así pues, nosotros también EXHORTAMOS a que la Administración autonómica se ocupe de integrarnos en la red de asistencia pública a la diversidad funcional, desde las Consellerías de Sanidad, Educación e Igualdad y Políticas Inclusivas, no como exigencia legal nacida de los textos nacionales e internacionales, sino como muestra de que nuestra forma de ser distinta, nuestra forma neurodiversa de ver la realidad y presentarnos en la sociedad, puede ser enriquecedora para la comunidad en la que vivimos.eL Artículo original lo puede encontrar AQUÍ.
